Un grupo de refugiados afganos en un aeropuerto

Un grupo de refugiados afganos en un aeropuerto (FOTO: Albania News)

La caída de Afganistán en manos de los talibanes, hecho que ha protagonizado la actualidad mundial en la segunda quincena de agosto, es un acontecimiento geopolítico de amplias consecuencias que tendrá un impacto duradero en ámbitos diversos. Uno de los principales es el de las migraciones, ya que Europa, que no ha terminado aún de gestionar el enorme volumen de llegadas de ciudadanos sirios, se enfrenta a una nueva ola sobre la que existen muchas incertidumbres, pero que ya se está intentando frenar con medidas desincentivadoras de dichos movimientos.

Todavía no hay datos fiables sobre cuántas personas han sido evacuadas de Afganistán desde el 15 de agosto, fecha de la caída de Kabul, aunque Reuters habla de más de 114.000. Entre ellos hay militares, trabajadores de las embajadas y nacionales afganos que, o bien trabajaban como traductores o asistentes o bien estaban en peligro inmediato. Sin embargo, este auxilio urgente podría cubrir solo una parte del éxodo humano por venir, sobre el que no hay ninguna certeza, pero que las instituciones europeas quieren prevenir para evitar que se reproduzca una situación parecida a la de 2015 y 2016.

Por ello, los ministros del Interior de los países miembros se reunieron el pasado martes 31 de agosto en Bruselas para hablar de cuál será su reacción a la situación en Afganistán. De este encuentro salió un compromiso para reforzar el apoyo y la capacidad de recepción y acogida de los países terceros, especialmente los fronterizos y de tránsito, que ya han socorrido a muchos migrantes y refugiados procedentes del país árabe desde el inicio de la actual crisis. “La mejor manera de prevenir una crisis migratoria es prevenir una crisis humanitaria”, declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.

La Comisión no prevé por el momento ningún plan de acogida o compromiso formal de ayuda a los migrantes, aunque según Financial Times, Bruselas anunciará próximamente una subvención de 600 millones para apoyar a los países vecinos como Pakistán, Irán, Uzbekistán o Turkmenistán. El documento acordado utiliza un lenguaje duro en el que se repiten en varias ocasiones términos como seguridad e ilegal, y en él, los ministros del Interior insisten en su voluntad de impedir cualquier incentivo a la migración irregular.

 

Una acogida improbable

Una de las principales medidas adoptadas durante la crisis humanitaria de 2015 y 2016 fue la aprobación de cuotas de reubicación de los migrantes entre los países miembros de la Unión Europea, cuotas que generaron mucha polémica, y por ello, resulta improbable que se llegue a un acuerdo similar en esta ocasión. En todo caso, Austria, República Checa y Dinamarca dejaron claro en dicha reunión de ministros del Interior su absoluta oposición a cualquier recepción voluntaria de estas personas, argumentando que ya han acogido suficientes migrantes en los últimos años. Esta posición la suscriben también Polonia y Hungría, siempre contrarios a cualquier integración.

Pese a esta incertidumbre, algunos países ya han adoptado medidas para blindarse ante cualquier llegada masiva. Ha sido el caso de Grecia, país en el que antes de la crisis casi la mitad de los migrantes que llegan procedían de Afganistán, y que ha construido un muro de 40 kilómetros en su frontera con Turquía para impedir la entrada de solicitantes de asilo procedentes del Estado árabe. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el pasado 16 de agosto: “Europa debe protegerse de la nueva ola de migrantes afganos”, lo que fue sorprendente, ya que anteriormente se había manifestado a favor de la acogida de los irregulares.

Ante la previsible dificultad de alcanzar un acuerdo, el responsable de política exterior de la Comisión Europea, Josep Borrell, abrió la puerta el pasado 25 de agosto a la aplicación de una ley comunitaria nunca utilizada, la Directiva de Protección Temporal, que podría ayudar a gestionar la situación. Este texto permitiría ofrecer una cobertura limitada en el tiempo a estas personas mientras se resuelven sus casos, y su aplicación podría extenderse durante dos años. Sin embargo, existen muchas dudas sobre su idoneidad en la actual crisis, y ya en septiembre de 2020 se había pedido su derogación.

Anticipar antes que reaccionar. Esta es la voluntad de la Comisión Europea, que se vio desbordada en 2015 por la llegada masiva de ciudadanos sirios para la que los sistemas de asilo nacionales no estaban preparados. La situación, insisten algunas voces desde Bruselas, está bajo control, pero podría dejar de estarlo en cualquier momento. Pese a ello, la política de fronteras cerradas aplicada desde 2015 y 2016 por algunos Estados y las distancias geográficas entre Afganistán y los países europeos, que son muchos mayores que en el caso sirio, permiten pronosticar que la crisis afgana no tendrá un impacto migratorio inminente a nivel comunitario.

Sin embargo, en el caso de que las llegadas se multipliquen en los próximos meses, Europa como destinatario potencial de la mayoría de estos movimientos humanos, podría encontrarse con serios problemas. En los últimos años, las instituciones comunitarias han fracasado en su intento de crear una legislación unificada para responder a nuevas olas migratorias, y han cedido en muchos casos a la voluntad de los países contrarios a cualquier recepción.

Lejos de aprender las lecciones derivadas de la crisis siria, la Unión Europea ha agudizado sus diferencias en este aspecto, y no ha realizado las reformas necesarias en materia de acogida que podrían ser fundamentales ahora. Dada esta falta de preparación, las instituciones comunitarias se arriesgan a verse sorprendidas de nuevo por una ola migratoria masiva, si bien el desenlace de la crisis afgana es incierto.

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