Joe Biden, tras firmar varios decretos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras firmar los decretos migratorios aprobados por su administración (FOTO: Madison.com)

Joe Biden se convirtió el 20 de enero de 2021 en el presidente número 46 de los Estados Unidos, y, desde el primer momento de su mandato, ha acelerado la aprobación de medidas que revierten en su mayoría el legado de su antecesor, Donald Trump. Una de las áreas marcadas como prioritarias por el nuevo presidente es la relativa a las migraciones, donde algunas políticas aprobadas por Trump, como el muro con México o la separación de familias, generaron mucha oposición. Con distintas propuestas, Biden pretende dar una solución permanente al asunto y mostrar su voluntad de dar un giro total a la política migratoria.

El pasado jueves, el presidente envió al Congreso su propuesta de reforma migratoria: el Acta de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021. El objetivo de este texto es regularizar la condición de 11 millones de indocumentados que actualmente se encuentran en el país mediante diversas medidas. La primera pasa por reducir de 13 a 8 años los plazos para que los inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía. Se empezaría con la concesión de un estatus legal temporal a quienes hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021 y lleven en él al menos cinco años. Pasado este tiempo, podrán solicitar la tarjeta de residencia permanente, la llamada green card, y después de tres años, tendrán acceso a la ciudadanía.

Además, la nueva ley prevé la concesión de la residencia legal para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los conocidos como dreamers, un programa que Donald Trump intentó eliminar en repetidas ocasiones. El tercer paso será la aprobación de acciones concretas, como por ejemplo un decreto para detener definitivamente la construcción del muro con México, que ya fue suspendida por Biden el día de su toma de posesión. Finalmente, se destinarán ayudas y recursos a los países de Centroamérica, con el objetivo de atender las causas económicas y sociales que generan la inmigración ilegal a Estados Unidos.

La composición de ambas cámaras del Congreso, con 50 senadores demócratas y 50 republicanos, y con una escasa mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, anticipa que el proceso de aprobación de este texto podría ser difícil, o en todo caso largo. Ante ello, varios miembros del partido del presidente están optando por fragmentar la reforma en varias propuestas individuales, lo que facilitaría que se le diera el visto bueno. El principal miedo de los demócratas es que esta ley migratoria fracase como lo hicieron los intentos previos de George W. Bush y Barack Obama ante el desacuerdo parlamentario.

"Deshacer la vergüenza moral y nacional"

Con anterioridad al inicio de los trámites de la ley, el presidente Biden firmó el 2 de febrero tres órdenes ejecutivas sobre migraciones que echaban atrás algunas de las medidas más polémicas de la era Trump. “Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior (…) Estoy eliminando las malas políticas”, declaró Joe Biden tras aprobar dichas órdenes. La primera introdujo una revisión del proceso de nacionalización para hacerlo accesible a todas las personas que pueden solicitarlo actualmente, unos nueve millones. Además, se revisará la regla de carga pública, creada en 2019 por Donald Trump para dificultar el acceso a la ciudadanía o a la tarjeta de residencia permanente a las personas que reciben algún tipo de asistencia social.

El tercer decreto es tal vez el más importante, y tiene como objetivo la reunificación de las familias de migrantes separadas por la política de tolerancia cero de Trump en la frontera con México. Un grupo de trabajo, del que formará parte la primera dama, Jill Biden, buscará identificar a los cientos de menores, aproximadamente 600, que permanecen apartados de sus padres. Se cancelarán, además, los Protocolos de Protección al Migrante, que obligan a los solicitantes mexicanos de asilo a esperar en su país a que se resuelva su caso.

Estas medidas, unidas a otras que se aprobarán con toda probabilidad en los próximos meses, muestran claramente la voluntad de Biden de cambiar el rumbo de la política migratoria estadounidense. El éxito de estas políticas dependerá en gran medida de lo rápido que se aprueben y se pongan en marcha. A partir de ahí, pueden producirse importantes cambios en la relación con Iberoamérica, y no es descartable que países como México o Guatemala, de los que procede un buen número de las personas indocumentadas que llegan a Estados Unidos, reformen también su legislación migratoria para adecuarla a la nueva situación.

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