Un grupo de migrantes recién llegado al puerto chipriota de Pafos

Un grupo de migrantes recién llegado al puerto chipriota de Pafos (FOTO: Cyprus Mail)

El Gobierno chipriota ha solicitado a la Unión Europea que le permita suspender todas las demandas de asilo de los migrantes que lleguen a ese país de manera irregular. Esta petición, anunciada por el portavoz del Ejecutivo, Marios Pelekanos, es la respuesta al aumento en el número de llegadas a la isla, muy superior a la cifra del año pasado. Chipre es el Estado miembro de la UE que registra más solicitudes de asilo por habitante, con migrantes que llegan por mar, tierra y aire y que proceden en su mayoría del Líbano y de Turquía.

En la rueda de prensa en la que confirmó dicha solicitud a las instituciones comunitarias, Pelekanos aseguró que el número de migrantes que han entrado a Chipre durante 2021 es un 38% superior a la cifra registrada en 2020. Según los datos oficiales, 10.868 extranjeros indocumentados han llegado a Chipre hasta octubre de 2021. Además, las autoridades denuncian que hay más de 33.000 personas residiendo en condiciones irregulares en el sur del país. “El porcentaje de demandantes de asilo excede el 4% de la población, cuando el resto de los países de frontera no supera el 1%”, declaró el portavoz en una entrevista a AFP.

Ante la nueva situación, el Gobierno de Chipre celebrará en los próximos días una reunión para decidir cómo se afronta este incremento de llegadas. Entre las medidas que podrían aplicarse, están el rechazo en frontera de los demandantes de asilo en situación irregular o la implementación de nuevos mecanismos para la deportación. Esta posibilidad ya ha sido criticada por organizaciones humanitarias, que acusan al Ejecutivo de tramitar lentamente las solicitudes de protección internacional, lo que obliga a los demandantes a buscar empleos que en muchos casos son inseguros o en los que son explotados, y con salarios muy bajos.

Mientras tanto, las llegadas masivas siguen produciéndose. La más reciente de ellas fue el 10 de octubre pasado, cuando 61 personas procedentes del Líbano y Siria llegaron al puerto chipriota de Pafos después de que el mal tiempo les desviase de su objetivo de llegar a Italia. El grupo estaba formado por 11 mujeres, 22 hombres y 28 niños. Tras el desembarco, los demandantes de asilo permanecieron en la embarcación, aunque las autoridades les dieron agua, comida y mantas. Su futuro es aún incierto, y no se descarta que se les devuelva al Líbano en aplicación del acuerdo de externalización suscrito por ambos países en octubre de 2020.

 

Europa presiona

En marzo, el Consejo de Europa envió una carta al Gobierno de Nicosia en la que mostró su preocupación por el tratamiento de los migrantes y demandantes de asilo en el país, y llamó a las autoridades a investigar las acusaciones de vulneración de derechos humanos. “He recibido numerosos informes que indican que se ha impedido que barcos con migrantes a bordo, incluyendo personas que podrían necesitar protección internacional, desembarquen en Chipre, y que se ha procedido a retornos forzados, en algunos casos violentos”, escribió la comisaria de Derechos Humanos del Consejo, Duna Mijatovic, que pidió también que mejore el trato general a estas personas en el país.

Esta misiva llegó unas semanas después de que el Ejecutivo chipriota iniciase la construcción de una frontera para impedir que los migrantes pudieran cruzar desde la parte norte del país, bajo control turco. La barrera, que tiene una longitud de 11 kilómetros, supuso además un golpe para las negociaciones que se mantienen para la reunificación del Estado, ya que, como denunciaban algunos críticos, dividía formalmente el país en dos mitades. El conflicto en Chipre se inició en 1974, cuando Turquía invadió la isla. Nueve años después, la parte norte del país declaró su independencia, y se constituyó como Estado de iure.

Chipre, gobernada por el conservador Nicos Anastasiades, aplica desde hace unos años una política humanitaria muy restrictiva que se ha recrudecido a medida que han aumentado las llegadas de demandantes de asilo. En el país, cuya población migrante cuadruplica a la media europea, se han registrado una serie de prácticas denunciadas por las ONG, tales como los rechazos en frontera, el retraso en la resolución de las solicitudes de protección internacional y la firma del acuerdo de externalización con Líbano. Pese a las presiones recibidas por parte de la Unión Europea, las autoridades del país siguen sin comprometerse con los derechos de estas personas, por lo que es improbable que la situación mejore en el corto plazo.