El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la firma del acuerdo migratorio UE-Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la firma del acuerdo migratorio en 2016 (FOTO: Reuters)

El próximo 20 de marzo se cumplen cinco años de la firma del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía. El pacto, al que se llegó en el momento de mayor gravedad de la crisis humanitaria de 2015 y 2016, suponía que Ankara controlaría los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo y el Egeo, una de las más transitadas, a cambio de una serie de beneficios. Pese a la polémica por su aprobación, el compromiso trajo resultados inmediatos, aunque no duraderos, y un lustro después, se encuentra paralizado y con un futuro incierto. Por ello, las autoridades comunitarias y tucas han multiplicado desde principio de año los contactos para reactivarlo.

El acuerdo obligaba al Gobierno de Ankara a hacerse cargo de las personas que entrasen a Europa por Grecia y a organizar su reubicación en un Estado miembro de la Unión. La contrapartida era un paquete de medidas, entre ellas la donación a Turquía de 6.000 millones de euros para la revisión de su sistema migratorio, la liberalización de los visados para los ciudadanos del país y la reforma de la unión aduanera. Apenas una semana después de la promulgación del documento, las llegadas irregulares diarias a Grecia cayeron de 1.470 a 47. Sin embargo, estos efectos duraron poco, sobre todo después del golpe de Estado fallido de 2016 en Turquía, que provocó el alejamiento de la órbita europea por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Media década después, ambas partes parecen decididas a dar una segunda oportunidad al acuerdo, e incluso a reanudar el proceso de integración turca en la UE, aunque las posiciones siguen estando muy alejadas y los reproches mutuos se mantienen. Erdogan ha insistido en varias ocasiones en que su país ha cumplido con su parte del pacto, y ha animado a las instituciones comunitarias a hacer lo propio, dando a entender que, si no es así, podría relajar el control fronterizo, lo que derivaría con toda probabilidad en aumento súbito de los flujos migratorios a nivel europeo. Sin embargo, ha dejado claro que cree necesario desbloquear la aplicación del pacto, y así se lo solicitó el 9 de marzo pasado a la canciller alemana Angela Merkel.

La Unión Europea también quiere que haya acuerdo, pero considera que Ankara está lejos de poner todos los medios para frenar la entrada de migrantes en el continente. “Reconozco que Turquía está en una situación difícil respecto a los refugiados y migrante. Pero lo que estamos viendo ahora no puede ser una respuesta o una solución, declaró el 3 de marzo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Fuentes comunitarias consideran sin embargo alentador el aparente cambio de rumbo de Erdogan, y por ello están dispuestos a modificar su actitud hacia Turquía. Esto se manifestó el pasado 22 de febrero, cuando la Unión decidió no incluir a Turquía en la lista europea de paraísos fiscales y le dio una prórroga de seis meses para regularizar su situación tributaria.

 

La polémica del tercer país seguro

Cuando se firmó el pacto, la Unión Europea pasó a considerar que Turquía como tercer país seguro para la recepción de migrantes. Esta condición garantiza que un demandante de asilo puede ser trasladado allí sin que exista ningún peligro para su integridad física. Sin embargo, numerosas ONG denunciaron un elevado número de vulneraciones de derechos humanos registradas en el país. Grecia tampoco comparte la condición de tercer país seguro, y por ello, sus tribunales solo han permitido 2.000 devoluciones de migrantes hacia Turquía, ya que juzgaban que existen riesgos graves para ellos.

Consciente de la desconfianza por parte de la Unión Europea, el presidente Erdogan anunció el 2 de marzo un nuevo plan de derechos humanos para Turquía, que incluirá mayor libertad de expresión e información en el país y la liberalización de los documentos de viaje para ciudadanos con destino a Schengen. El mandatario anunció también que este esfuerzo legislativo cristalizará en la aprobación de una nueva Constitución para 2023, año en que se celebrará el centenario de la fundación de la República de Turquía y en el que se convocarán las elecciones.

El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no ha cumplido hasta ahora sus objetivos. Lejos de estar controlada, la situación migratoria en el Mediterráneo y el Egeo ha empeorado, tal y como se ha visto recientemente en Grecia y Chipre. Además, únicamente 25.000 migrantes de un total de 72.000 han sido reubicados en un Estado miembro. Más allá de esto, y al contrario de lo defendido en repetidas ocasiones por Erdogan, Turquía no ha realizado el grueso de las reformas que se acordaron en 2016, y la UE tampoco ha puesto en marcha la totalidad de sus compromisos.

Pese a todo, la voluntad de pacto demostrada por ambas partes en las últimas semanas es reseñable, y permite vislumbrar la reanudación del acuerdo o la reforma de sus aspectos más polémicos. En todo caso, cualquier modificación debe tener como objetivo mejorar las condiciones de vida de los migrantes en Turquía y garantizar el respeto a sus derechos.

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