Un grupo de demandantes de asilo en México

Un grupo de demandantes de asilo en México (FOTO: Loren Elliott / Reuters)

La protección subsidiaria es un tipo de cobertura internacional que se otorga a personas que no reúnen los requisitos para ser reconocidos como refugiados, pero que tienen motivos fundados para no querer regresar a su país de origen o de residencia habitual por miedo a ser perseguidos o a sufrir daños graves. Su duración es temporal, aunque en la mayoría de los casos se sustituye en el medio plazo por otro tipo de protección permanente, como el refugio, y los migrantes que se acogen a ella tienen los mismos derechos y deberes que la Convención de Ginebra tiene previstos para los refugiados.

Este estatuto, conocido también como asilo de segunda categoría, suele aplicarse en los casos en que el solicitante de asilo no está directamente afectado por las razones que justificarían que se le considerase un refugiado, pero existe alguna situación, como una guerra o un conflicto armado, que le perjudica gravemente y afecta a su integridad física. Un ejemplo de esto es la guerra civil de Siria, que comenzó en 2011, y que, según las últimas estimaciones, publicadas en 2019, ha provocado casi 6 millones de desplazamientos humanos. La mayoría de estas personas han conseguido que se les reconozca como refugiados en países como Turquía, Líbano o Jordania, pero otros quedaron en un limbo legal que es el que se trata de cubrir con la protección subsidiaria.

Jurídicamente, el texto que regula la protección subsidiaria es la Directiva 2004/83/CE, que establece los estándares mínimos que debe cumplir una persona para que se le conceda este asilo temporal. La disposición fue reformada en 2011 con un texto que obligaba a los Estados comunitarios a uniformizar la legislación existente. En España, este tipo de cobertura legal para migrantes está vigente desde 2009, cuando se aprobó la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, y que determina específicamente frente a la normativa global que esta protección no tiene una duración máxima y que solamente cesa cuando las condiciones que lo provocaron dejan de existir.

Para que un migrante pueda recibir esta cobertura internacional, es necesario que acredite un riesgo real de sufrir alguna amenaza en su país de origen. Esta debe ser actual, real y personal. Los daños graves pueden ser: la pena de muerte o la ejecución, el trato inhumano y degradante o la amenaza seria e individual a la vida o la integridad física por razones de violencia indiscriminada en el marco de un conflicto armado nacional o internacional. Este estatuto se obtiene, al igual que el refugio, después de un examen individualizado de la situación personal de cada demandante de asilo.

Existen varias diferencias legales entre la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, que regulan lo relativo al refugio, y las disposiciones sobre protección subsidiaria. La principal es que, para que un migrante sea considerado refugiado, debe acreditar una amenaza directa contra su integridad física, mientras que la protección subsidiaria protege a los individuos que no la sufran de manera tan clara. Además, el refugio suele ser permanente, mientras que la protección subsidiaria finaliza cuando desaparecen las condiciones que la motivaron o cuando el estatus del migrante haya evolucionado hacia otras formas de asilo.

En algunos países, la protección está limitada en el tiempo. En Francia, tiene una duración de dos años prorrogables a cinco, al igual que en Italia, mientras que Alemania lo restringe a un solo año. Sin embargo, la mayoría de estos Estados ofrecen facilidades para que los demandantes de asilo obtengan la ciudadanía cuando finalice su vigencia. Los derechos y los deberes de los migrantes que hayan recibido la protección subsidiaria son, al igual que en el caso de los refugiados: el acceso a servicios como el empleo, la educación, la sanidad o la vivienda, la libertad de circulación o el mantenimiento de la unidad familiar siempre que esto sea posible.

En líneas generales, los Estados comunitarios conceden menos protecciones subsidiarias que estatutos de refugiado. En 2020, Alemania, con 19.419 migrantes, Italia, con 6.935, y Grecia, con 3.846, lideraron la clasificación de la opción subsidiaria. Existen algunas excepciones, como Polonia, Rumanía y Bulgaria, en los que el número de personas cubiertas por este estatuto temporal el año pasado superó ampliamente al de los refugiados; por el contrario, en Croacia ningún demandante de asilo ha obtenido este tipo de protección en los últimos meses.