Un grupo de migrantes durante una marcha

Un grupo de migrantes durante una marcha (FOTO: OIM)

El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados es un documento legal aprobado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en 1967. El objetivo en el momento de su firma era paliar las deficiencias que la Convención de Ginebra tenía en relación con el reconocimiento de algunos migrantes como refugiados. El nuevo texto eliminaba además las limitaciones geográficas y temporales incluidas en la Convención y daba una cobertura mayor a aquellas personas que, como resultado de algunos eventos geopolíticos, principalmente la descolonización de África, carecían de un reconocimiento legal óptimo en el país de llegada.

La aprobación de este texto supuso una importante enmienda del articulado de la Convención de Ginebra, que regulaba que los acontecimientos que motivasen el reconocimiento de un migrante como refugiado debían haber ocurrido antes del 1 de enero de 1951, fecha en la que entró en vigor. Sin embargo, a partir de la aplicación del Protocolo de Nueva York, no hay ninguna limitación temporal para que una persona pueda acogerse al estatuto de refugiado. Las menciones a los acontecimientos previos a la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados desaparecen, por tanto, de su articulado.

Este texto refuerza las competencias de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la que otorga una misión de supervisión de la aplicación del convenio. El Protocolo reitera los principales puntos que fueron regulados por la Convención de Ginebra, tales como el principio de non refoulement, que no permite la expulsión de migrantes a un lugar donde corren riesgo de ser perseguidos, la concesión de un estatus legal para estas personas que incluyen el acceso al empleo, a la educación y a la seguridad social, o la prohibición de castigar a los refugiados por haber entrado a un país de manera irregular.

El Protocolo de Nueva York elimina también las limitaciones geográficas, mientras que la Convención de Ginebra circunscribía a Europa su territorio de aplicación. Así pues, desde 1967, el texto legal y su protocolo pueden aplicarse en cualquier parte del mundo. En su articulado, relativamente breve, con solo 11 regulaciones, se recoge la obligación de los países miembros de integrarlo en sus legislaciones nacionales, y da la posibilidad de que se adhieran todos los Estados que hayan ratificado la Convención y que formen parte de las Naciones Unidas.

Este texto otorga además la posibilidad de que los países que firmaron la Convención de Ginebra con una restricción territorial la mantuvieran. Congo y Mónaco lo hicieron inicialmente, aunque cuando ratificaron este texto la eliminaron, mientras que Turquía sigue aplicándola actualmente. En principio, esta limitación territorial no puede reintroducirse. Sin embargo, la cláusula federal incluida en el artículo 6 recoge que, en determinadas circunstancias, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados podría aplicarse sobre un territorio concreto.

Hasta el momento, 146 países han ratificado el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Dos de ellos, Madagascar y San Cristóbal y Nieves, solo forman parte de la Convención de Ginebra, mientras que Cabo Verde, Estados Unidos y Venezuela ratificaron únicamente el Protocolo. Cuando esta legislación se firmó, en 1967, nueve Estados, entre ellos Argentina, Camerún, Noruega, Senegal y Suecia, lo ratificaron, y posteriormente se fueron uniendo otros. En 1978, once años después de que Naciones Unidas crease este texto, España se adhirió tanto a la Convención como al Protocolo de Nueva York.

La Convención de Ginebra se firmó en 1951 para ofrecer una solución al aumento de los flujos humanitarios en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y reguló que un refugiado es “aquel que tiene fundamentados temores de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no puede acogerse a la protección de ese país o regresar a él a causa de dichos temores”.

Los expertos coinciden en que, desde su aplicación, esta Convención ha servido para proteger a los migrantes y darles una cobertura legal a su llegada a un determinado país. Sin embargo, las carencias en su aplicación motivaron la creación del Protocolo de Nueva York que, desde 1967, ofrece nuevas herramientas para que los organismos internacionales respondan mejor a las migraciones, que son cada vez más variadas y que afectan a muchas partes del mundo.

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