El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una cumbre bilateral

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una cumbre bilateral (FOTO: Mürat Kula/AA/picture-alliance)

La Comisión Europea anunció el pasado 23 de junio un proyecto para destinar 5.000 millones de euros a los tres países que más ciudadanos sirios reciben: Jordania, Líbano y Turquía. Este último es el más beneficiado por la medida, ya que recibirá 3.000 millones al ser el que más migrantes ha acogido. La medida que será presentada la próxima semana en una cumbre en Bruselas, deberá ser aprobada por los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo antes de entrar oficialmente en vigor, y podría ser el primer paso para la reforma del acuerdo de externalización firmado entre la Unión Europea y Turquía en 2016.

La iniciativa tiene como objetivo financiar el control en la frontera este de Turquía. La posibilidad de conceder nuevos fondos se puso por primera vez encima de la mesa durante una polémica cumbre celebrada en abril de 2021 entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel. Desde Ankara se recibió esta oferta con críticas, al señalar que esta cantidad es insuficiente para manejar los flujos migratorios que llegan al país, pero Bruselas contestó acusando a Turquía de no cumplir los compromisos asumidos en 2016. Pese a estos desacuerdos, ambas partes parecen condenadas a entenderse.

El 21 de junio de 2021, apenas dos días antes del anuncio de las instituciones europeas, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, había declarado que el acuerdo firmado entre la UE y Turquía necesitaba ser actualizado, poniendo en valor el trabajo realizado por este país durante los últimos años. “Pese a todas las dificultades que tenemos con el Gobierno turco, tenemos que reconocer que se han responsabilizado de una importante carga migratoria en los últimos años”, declaró Maas, que añadió que cualquier reforma debía implicar un importante aumento del dinero recibido por Ankara.

Dicho acuerdo de externalización, suscrito en pleno aumento de las llegadas de migrantes a Europa, ha estado en crisis casi desde que se aprobó, y a lo largo del último lustro, se han sucedido las diferencias entre los firmantes. El presidente Erdogan ha denunciado en repetidas ocasiones que Europa no estaba llevando a cabo las medidas pactadas, y Bruselas ha visto con preocupación algunas políticas adoptadas por este, como la instauración de la pena de muerte. En 2020, el pacto estuvo a punto de romperse cuando las autoridades turcas abrieron las fronteras, permitiendo que miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Afganistán, Pakistán e Irak, entrasen en el continente.

Frente al entusiasmo demostrado por una parte de los Estados miembros, las ONG respondieron a esta proposición con preocupación. Catherine Woollard, directora del Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados, denunció que la nueva financiación se utilizará probablemente para reforzar prácticas como el refoulement o el rechazo en frontera, y solicitó que se establezcan criterios para la concesión de estos fondos y para asegurar que se utilicen para mejorar la condición de los migrantes y refugiados en el país.

 

Grecia cambia de criterio

Por su parte, el 8 de junio pasado el Gobierno griego aprobó una medida que consideraba a Turquía como un país seguro para recibir migrantes originarios de Somalia, Pakistán, Afganistán, Siria y Bangladesh. El Ejecutivo dirigido por Kyriakos Mitsotakis considera que estas personas no están en peligro en Turquía y que no tienen necesidad de protección en Europa. “Es un gran paso para la lucha contra la migración ilegal y las actividades criminales por parte de los traficantes”, declaró el ministro de Migraciones, Notis Mitarakis.

Con esta decisión, Grecia da un giro de 180 grados en lo relativo a la situación de los migrantes en Turquía. Desde 2016, los sucesivos Gobiernos se han negado a considerar al país vecino como un tercer Estado seguro para la recepción de migrantes, al entender que sus derechos no se respetaban; los tribunales compartían asimismo este criterio, permitiendo únicamente 2.000 devoluciones de migrantes hacia Turquía en estos cinco años. Sin embargo, este cambio en la posición puede abrir una nueva etapa y cambiar la gestión de los flujos humanos en el mar Egeo.

Inmediatamente después de que las autoridades helenas anunciaran su decisión, 38 organizaciones humanitarias escribieron una carta dirigida al Gobierno griego y a la Unión Europea en la que denunciaban que considerar a Turquía como tercer país seguro ponía en peligro a los migrantes y a los refugiados. Los firmantes, entre los que se encuentran Médicos del Mundo o el Consejo Griego para los Refugiados, recordaron que se han producido numerosas vulneraciones de derechos humanos en Turquía desde que se firmó el pacto, y denunciaron que, según ellos, no se cumplen las condiciones para considerarlo como un tercer país seguro.

La Unión Europea apostó fuerte en 2016 por el pacto con Turquía, desoyendo las advertencias de las ONG para intentar frenar la llegada de los migrantes sirios por uno de los flancos más vulnerables. En este tiempo han mantenido pese a las denuncias esta línea política, y la decisión de aumentar la financiación de este país para luchar contra la migración irregular es una muestra más de ello. Es por tanto probable que se den pasos en los próximos meses para apuntalar esta medida y reducir sus aspectos más polémicos, antes incluso de que concluyan las negociaciones para la aprobación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Asimismo, la decisión de Grecia puede cambiar completamente el panorama migratorio en esta parte de Europa, ya que, al considerar como Estado seguro a Turquía, no existe ningún impedimento para que el país heleno devuelva a migrantes en riesgo. Algunos expertos señalan que, ante la obligación de evaluar individualmente cada solicitud de asilo, los efectos reales de la medida son limitados, pero coinciden en mostrar su preocupación ante este cambio de criterio, que consideran injustificado, y esperan que se revise.

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