El director de Frontex, Fabrice Leggeri, pasa revista a varios miembros de la agencia en un buque

El director de Frontex, Fabrice Leggeri, pasa revista a varios miembros de la agencia en un buque (FOTO: European Pressphoto Agency)

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como Frontex, se encuentra en un momento incierto. Este organismo fue reformado durante la crisis migratoria de 2015 y 2016 para ayudar a los países europeos a gestionar mejor el aumento del número de llegadas y para impedir que se produjesen entradas masivas por las fronteras comunitarias. Sin embargo, este papel ha sido muy criticado, y el pasado lunes 25 de mayo, tres organizaciones de derechos humanos presentaron una acusación en su contra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por haber violado supuestamente los derechos de dos migrantes y vulnerado la ley comunitaria e internacional. Esta acción judicial, la primera a este nivel contra la agencia en sus 15 años de historia, se une a una serie de investigaciones a las que Frontex lleva meses enfrentándose.

En este caso concreto, Front-Lex, la Red de Abogados Progresistas y Greek Helsinki Monitor se hicieron eco de los casos de A.N., una mujer de Burundi, y J.K., un menor no acompañado del Congo que intentó recibir asilo en Lesbos en 2020. Según el documento presentado ante los jueces, los dos migrantes fueron “violentamente acorralados, robados, detenidos, trasladados forzosamente de vuelta al mar, expulsados colectivamente, y finalmente abandonados en balsas sin medios para navegar y sin comida ni agua”. Los abogados también denuncian que J.K. formaba parte de un grupo de migrantes a los que miembros enmascarados de la guardia costera griega confiscaron los teléfonos móviles, mochilas y dinero en mayo de 2020 para después dejarles en una balsa de goma en aguas turcas.

Según los denunciantes, ambos migrantes habían sido rechazados previamente en las fronteras comunitarias, algo prohibido según la legislación europea e internacional, que garantiza el derecho de los migrantes a solicitar asilo y prohíbe su expulsión o su regreso a lugares donde estén en peligro de sufrir daños o persecución. Las organizaciones querellantes exigen al TJUE que prohíba a Frontex que patrulle en el mar Egeo, al entender que ha vulnerado varios textos como el Tratado de Funcionamiento de la UE o su propio reglamento. Por su parte, Fabrice Leggeri, director de Frontex, respondió a las acusaciones con una carta en la que negó las irregularidades denunciadas y defendió la labor de la agencia.

El 30 de abril, unos días antes de la querella presentada ante el TJUE, varios medios, entre ellos Der Spiegel, habían acusado a Frontex de colusión con la guardia costera libia. Ya antes, el 28 de octubre de 2020, la agencia anunció una investigación tras una denuncia por supuesta complicidad en los rechazos en la frontera entre Grecia y Turquía. Varias organizaciones afirmaron entonces que la guardia de costas europea no estaba cumpliendo con sus compromisos en materia humanitaria y que estaba vulnerando además el principio de non refoulement. Esta acusación fue recibida con preocupación por la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, quien pidió a Frontex que clarificase estos incidentes, afirmando que, si se confirman, serían completamente inaceptables y tendrían consecuencias.

 

Luces y sombras en la relación con la UE

El pasado mes de septiembre, la Comisión presentó el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, su última propuesta para reformar el sistema de Dublín. Uno de los principales puntos del texto fue la reforma del marco legal de Frontex, que cuenta desde el 1 de enero de 2021 con 1.000 efectivos adicionales. Esta disposición pretendía que la agencia no dependiese de otras organizaciones y que la responsabilidad de la vigilancia de las fronteras fuese de ámbito europeo y no exclusivamente nacional, lo cual confirmaba la apuesta de la Comisión por dicho organismo.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido algunos roces entre la agencia y las instituciones comunitarias. En octubre de 2020, Frontex publicó un documento interno con el que respondía a todas las acusaciones de vulneraciones de derechos formuladas por diversas entidades y anunció que no había encontrado ninguna evidencia de mala gestión. Esto no fue suficiente para el Parlamento Europeo, que inició ese mismo mes una investigación propia sobre la supuesta responsabilidad de la agencia en las devoluciones en caliente de demandantes de asilo, que aún no ha concluido, e instituyó un grupo de trabajo específico para el control de Frontex.

Otra iniciativa de la cámara europea para la agencia ha sido la de fiscalizar sus cuentas. El pasado sábado 29 de abril, el pleno del Parlamento aplazó la aprobación de los presupuestos de Frontex para 2021 antes las dudas con la gestión de sus fondos y la preocupación por las denuncias existentes, y volvió a exigir a este organismo que nombrase a un responsable de Derechos Humanos. Ese mismo día, Frontex anunció que el abogado sueco Jonas Grimheden ocupará esta posición a partir de junio. La agencia fronteriza confía en que los próximos meses pueda calmarse la situación con el Parlamento y se puedan desarrollar sus misiones como está previsto.

Frontex, creada en 2004, fue profundamente reformada para convertirse en una verdadera guardia costera europea que pudiese facilitar la gestión de aquellos flujos migratorios. Para conseguirlo, se aumentaron sus competencias y su marco de acción, y se transfirió una parte de las competencias que los Estados Miembros tienen para el control de las fronteras. Sin embargo, desde su creación, muchas organizaciones y países han acusado a la agencia de no respetar la legislación migratoria y han recriminado a la Comisión Europea que no incluyese en su reglamento un mecanismo de rendición de cuentas.

Por su parte, las organizaciones comunitarias se encuentran divididas al respecto de Frontex, siendo conscientes de que ha contribuido a la reducción de los flujos humanos, pero observando con preocupación las denuncias de vulneración de derechos y las peticiones de que se sustituya por un organismo diferente. La creación de figuras como el responsable de Derechos Humanos y las investigaciones llevadas a cabo por el Parlamento Europeo tienen el objetivo de mejorar la imagen de la agencia y garantizar su supervivencia.

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