Un campamento de migrantes en las inmediaciones de París

Un campamento de migrantes en las inmediaciones de París (FOTO: Benoît Tissier / Reuters)

La pandemia de COVID-19, que ha parado el mundo desde su inicio, está teniendo un impacto especial en el campo de las migraciones. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE) publicado el pasado 16 de abril ha informado que el exceso de mortalidad en 2020, provocado en su mayoría por el virus, impactó el doble a los migrantes que a las personas nacidas en Francia. Varias organizaciones llevan meses advirtiendo de que la precariedad en que estas personas viven aumenta las posibilidades de contagio, y han llamado a la acción para acabar con ello, argumentado que es fundamental para detener la pandemia.

El exceso de mortalidad es un dato que indica un aumento inesperado de los fallecimientos previstos en una determinada época del año como resultado de fenómenos ambientales como olas de calor y frío, sanitarios como epidemias y pandemias, o por conflictos como las guerras. El impacto de la pandemia de coronavirus ha provocado que este indicador, que engloba todas las causas de muerte, haya subido en todos los países del mundo, especialmente en marzo y abril de 2020. En España, durante el pico de la primera ola, entre el 23 de marzo y el 12 de abril del año pasado, fallecieron más de 18.000 personas a la semana, el registro más alto desde la restauración de la democracia.

El informe del INSEE habla de un total de 669.000 fallecimientos en Francia durante el año pasado, un aumento medio del 9% con respecto a 2019. En las personas migrantes, esta subida alcanza el 17%. “Durante la primera ola de la pandemia, el incremento de las muertes de personas nacidas en el extranjero fue 2,1 veces mayor de media que las de las personas nacidas en Francia”, declaró un portavoz del INSEE. Los originarios de África y Asia han sido los más afectados por esto; según el estudio, la mortalidad de los africanos nacionales de países fuera del Magreb aumentó en un 36%, con un total de 7.400 muertes más que en 2019.

Estas cifras fueron aún peores durante los meses de marzo y abril de 2020, el momento más duro hasta ahora de la pandemia. Entonces, el exceso de fallecimientos en Francia alcanzó el 23% para los nacionales del país, y el 49% para los extranjeros. Aquel aumento fue del 55% entre los norteafricanos, del 117% entre el resto de los africanos y del 92% entre los asiáticos. Los números fueron bajando con el paso de los meses, aunque la desigualdad entre grupos de población se mantuvo.

 

Una desigualdad por encima de la media

La del INSEE no es la primera investigación que se realiza en este sentido desde que empezó la pandemia. En octubre de 2020, Médicos sin Fronteras presentó un estudio realizado entre junio y julio de 2020 en los centros de refugiados de París y sus alrededores que mostraba que la prevalencia del virus era mucho mayor allí. “Los resultados confirman que la circulación del virus es más activa en las situaciones en que estas personas se relacionan con otras muchas, y tienen que compartir habitaciones, duchas y cocinas con muchas otras personas”, aseguró el epidemiólogo Thomas Roederer, director del grupo de estudio.

Además, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó el pasado 25 de abril de que la tasa de infección media en los centros donde residen temporalmente los migrantes es cinco veces mayor que en las cárceles y 20 veces superior que en la población general. Esto se ha visto recientemente en Bosnia, donde se registraron 147 contagios en centros de migrantes en las dos primeras semanas de abril una cifra que supone más de la mitad del total de 265 migrantes que han dado positivo por COVID-19 en el país desde el inicio de la pandemia.

A mediados de 2020, la secretaría general de la ONU publicó un documento en el que abordaba el impacto que la COVID-19 podía tener sobre los migrantes. Aquel informe señalaba que la pandemia de coronavirus supone una triple crisis para estas personas: sanitaria, porque las personas en movimiento están mucho más expuestas al virus ante las condiciones de las instalaciones donde se ven obligados a alojarse; socioeconómica, ya que muchos de ellos trabajan en la economía informal, que se detuvo completamente durante varios meses del año pasado; y de protección, porque el cierre de fronteras provocó que corriesen el riesgo de quedarse atrapados en países donde el nivel de contagios estuviera muy elevado.

El documento de Naciones Unidas insistía en que la respuesta a la pandemia y la protección de los derechos humanos de los migrantes no son conceptos mutualmente excluyentes. Añadía, además, que, si no se trabaja en dotar a estas personas de condiciones de vida adecuadas, será aún más difícil acabar con el virus, ya que seguirían reproduciéndose los focos de contagio, especialmente en los campos de refugiados, y los números nunca bajarían lo suficiente. Esta situación no afecta únicamente a los países más desfavorecidos, ya que, según datos del ICE, Estados Unidos ha registrado más de 12.000 casos de COVID-19 en centros de refugiados desde el inicio de la pandemia.

Cada vez son más los países que están incluyendo a los migrantes indocumentados en su plan de vacunación, conscientes de que son parte fundamental de la estrategia de inmunización. Organizaciones como ACNUR han solicitado ya a la Unión Europea que incluya oficialmente a estas personas en el programa comunitario de inmunización contra el virus, y han insistido en que debe trabajarse para reducir al máximo la vulnerabilidad de estas personas frente al coronavirus, con el objetivo final de acabar con esta pandemia mundial y de que nadie se quede atrás.