Un bote de migrantes llega a la playa del Tarajal, en Ceuta

Un bote de migrantes llega a la playa del Tarajal, en Ceuta (FOTO: Reuters / Jon Nazca)

Ha pasado una semana desde que se produjo la crisis migratoria en Ceuta, y el volumen de llegadas masivas que se registró en días anteriores ha desaparecido. El foco de las autoridades se ha puesto ahora en Melilla, donde cientos de migrantes han intentado entrar en las últimas horas, aunque de manera infructuosa. El objetivo ahora es evitar que se reproduzca esta situación, y por ello, cuando la tensión ya se ha reducido, es útil echar la vista atrás y analizar cuáles han sido las causas que han provocado lo ocurrido en Ceuta y qué es lo que hay detrás.

Las crónicas coinciden en señalar que todo empezó a mediados de abril, cuando el líder del Frente Polisario Brahim Ghali ingresó en un hospital de Logroño por coronavirus con una identidad falsa para evitar problemas con la justicia. España justificó la hospitalización del dirigente saharaui, quien, además de la COVID-19, sufre un cáncer digestivo, por razones humanitarias, pero Marruecos advirtió de que habría represalias por aquella decisión. En el mismo sentido se manifestó en privado el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, frente a la opinión de la responsable de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, principal promotora de la llegada a España de Ghali.

Marruecos decidió responder a aquel hecho reduciendo al mínimo sus controles y dejando que las personas que así lo quisieran cruzasen a España. Esto es posible debido al enorme volumen de acuerdos de externalización de las responsabilidades migratorias suscritos entre ambos países, un total de cinco. El Estado alauita es un socio preferencial de España en material de control de estos flujos, con una cooperación que se realiza sobre todo mediante el patrullaje marítimo conjunto, con equipos mixtos de la Guardia Civil y la Gendarmería Real que están activos desde que en 1992 se firmó el acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados irregularmente.

Tras él, llegaron otros cuatro pactos: el memorándum de entendimiento para el patrullaje marítimo conjunto, suscrito en 2004, el acuerdo de prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, en 2007, el acuerdo en materia de cooperación policial transfronteriza, en 2010, y el memorándum de entendimiento en el marco de la Asociación Estratégica Multidimensional, en 2019. Todos estos documentos han dado mucho poder a Marruecos, quien solicita periódicamente a España más fondos para hacerse cargo de todos los migrantes irregulares de la zona bajo la amenaza velada de no cumplir con sus compromisos.

Según varios expertos, esto fue lo que ocurrió la semana pasada. Esa es la opinión de Elsa Aimé González, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas ICADE, quien, en una entrevista en 20 Minutos, declaró: “Lo que hemos venido viendo no solo ahora, sino desde los últimos meses con el aumento en la llegada de personas migrantes a Canarias, es que Marruecos está usando la cuestión migratoria como un instrumento de presión política para obtener contraprestaciones por parte de España y la Unión Europea y lograr un alineamiento con su propio proyecto político”. Aimé González añade que esta crisis podría haberse previsto.

La migración, una carta de negociación política

Lo ocurrido en Ceuta tiene precedentes en otras partes del mundo. También en 20 Minutos, Blanca Garcés, investigadora sénior de CIDOB para temas de migración, afirma que estas personas se han convertido en una carta de negociación política, y recuerda cómo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presionó a la Unión Europea para que cumpliese su parte del acuerdo bilateral firmado en 2016 permitiendo en febrero de 2020 el paso de migrantes sirios al continente. Para ella, es una falta de sensibilidad respecto de los migrantes, si bien recuerda que fueron los Estados Miembros los primeros que negociaron en este sentido.

Los acuerdos de externalización se han multiplicado en los últimos años. En mayo de 2015, la Comisión Europea aprobó la Agenda Europea de Migración, que establecía como prioritaria la cooperación con terceros países para abordar conjuntamente las causas de la migración. A partir de ella, se firmaron varios acuerdos como el de Turquía y los suscritos con Níger, Senegal, Mali y Etiopía en junio de 2016. Con estos pactos, el control de los flujos migratorios se convierte en la condición que estos países deben cumplir para acceder a la ayuda al desarrollo, los acuerdos comerciales o la liberalización de los visados.

Este enfoque de las migraciones es cortoplacista, ya que permite reducir de forma relativamente rápida el número de llegadas irregulares a Europa, pero tiene un importante coste político y de derechos humanos. Según Garcés, el miedo a una crisis migratoria en las fronteras coloca en una posición de debilidad a las instituciones comunitarias, que pierden capacidad de crítica y de posicionamiento. Por ello, esta investigadora señala que la solución pasa por mejorar las condiciones en los países de origen, porque si no, es casi seguro que se producirá un aumento en el volumen de entradas.

Desde el inicio de la crisis migratoria de 2015 y 2016, la Unión Europea ha optado por externalizar sus obligaciones a otros países para reducir el número de llegadas. Sin embargo, este enfoque tiene muchas debilidades, ya que concede un gran poder a otros Estados, algunos de los cuales tienen un déficit democrático, y deja en sus manos la posibilidad de una situación como la ocurrida en Ceuta, ya que tienen los medios para aplicar controles exhaustivos o relajarlos, lo que tiene como consecuencia un aumento de los flujos migratorios.

En lo relativo a Ceuta y Melilla, las autoridades españolas han incrementado los controles para impedir que la situación pueda volver a ocurrir. Por su parte, varias ONG apuntan a que, incluso si esto tiene éxito, los sucesos de la semana pasada volverán a reproducirse si no se atajan las causas, y denuncian que Marruecos no respeta el principio de non refoulement, lo que vulnera el derecho migratorio internacional. Por ello, solicitan una reflexión de fondo sobre las relaciones con el país alauita, especialmente en esta materia.