Una niña es vacunada contra la COVID-19

Una niña es vacunada contra la COVID-19 (FOTO: Amnistía Internacional)

La vacunación contra la COVID-19, elemento fundamental en la lucha contra el virus, está ocupando un lugar preferencial en la agenda mundial un año después del inicio de la pandemia. Hasta finales del mes de enero, más de 100 millones de personas de todo el mundo han recibido el remedio frente al virus, un número que va en aumento y supera ya al total de personas actualmente contagiadas. Existe sin embargo un colectivo cuyas perspectivas de recibir la vacuna son aún inciertas: el de los migrantes en situación irregular. Según datos facilitados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 54 de los 81 países que han aprobado planes de vacunación han incluido específicamente a refugiados y migrantes. Pese a ello no hay una norma común, lo que aumenta la incertidumbre al respecto.

Cada vez más países están empezando a vacunar a personas sin permiso de residencia. El primero fue Jordania, cuyo Gobierno aprobó el 14 de enero inmunizar de manera gratuita a cualquier persona que se encontrase allí. La pasada semana, Reino Unido e Israel se sumaron a esta iniciativa; en el primer país, en el que hay 1,3 millones de indocumentados, la vacunación se llevará a cabo en la práctica totalidad de centros hospitalarios mientras que, en el segundo caso, dicha campaña se está realizando por el momento en el hospital Íchilov de Tel Aviv.

Malasia por su parte anunció el pasado 10 de febrero que extendería su programa de vacunación gratuita contra la COVID-19 a todos los extranjeros que viven allí, si bien las autoridades han reiterado que la prioridad se dará a los ciudadanos del país y a los residentes permanentes y que los inmigrantes irregulares serán vacunados posteriormente. En todos los casos, el principal temor es que muchas de las personas en situación irregular no acudan a vacunarse por miedo a ser deportadas. Por ello, las autoridades han garantizado que el tratamiento del coronavirus estará exento de los controles migratorios.

La inmunización de los migrantes irregulares ha sido un asunto crítico desde que se comenzaron a esbozar los planes de vacunación, pero existe un cierto consenso al respecto. En octubre de 2020, la Comisión Europea insistió, en un documento de recomendaciones acerca de cómo debía ser la estrategia, en la necesidad de que todas las personas, con independencia de su estatus legal, recibiesen el remedio contra el coronavirus. Actualmente, España, Alemania, Países Bajos, Francia y Grecia han incluido esta posibilidad en sus planes de vacunación, aunque aún no la han llevado a la práctica, mientras que Polonia anunció que solamente inoculará a extranjeros en situación legal, sin especificar si los irregulares quedarán excluidos.

 

Cara y cruz en América

La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos ha supuesto un cambio radical en la política migratoria. Entre otras decisiones, el pasado 1 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional publicó un documento en el que instaba a que todas las personas, incluyendo los migrantes indocumentados, recibiesen la vacuna contra la COVID-19, asegurando que ninguno de ellos sería detenido.

Esta resolución, definida por el Departamento como un imperativo moral y de salud pública, choca con la decisión de dos estados de la unión, Florida y Nebraska, con 775.000 y 60.000 personas en situación irregular respectivamente, que han anunciado limitaciones a la vacunación de los demandantes de asilo.

En el mismo sentido, Chile, país con índices de vacunación muy elevados, y cuya estrategia estaba siendo aplaudida incluso por los partidos de la oposición, tomó hace unas semanas la decisión de excluir a los extranjeros no regularizados. Esto ha provocado reacciones encendidas, como la de la presidenta del Colegio Médico del país, Izkia Siches, quien ha señalado que marginar a grupos de población del proceso de vacunación atenta contra la salud general.

“Solo podremos salir de esta crisis cuando todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso a las vacunas”. Esta declaración realizada por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resume el punto de vista compartido por varias entidades acerca de la conveniencia de inmunizar a los migrantes irregulares al tratarse un grupo especialmente vulnerable que necesita protección. Los expertos insisten en que solamente así se conseguirá frenar de manera duradera el avance de la COVID-19.

Por ello, este asunto ganará con toda probabilidad importancia a lo largo de las próximas semanas, lo que obligará a los países que aún no lo han hecho a manifestarse sobre si vacunarán o no a los migrantes irregulares. No es tampoco descartable que surja algún tipo de oposición por parte de algunas formaciones políticas, aunque no es probable que detengan las vacunaciones que ya se están produciendo. Esta cuestión, en definitiva, debe seguirse con especial atención porque es muy cambiante y puede ser fundamental en la lucha contra la pandemia mundial de coronavirus.

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