Una manifestación pidiendo la regularización de los migrantes

Una manifestación pidiendo la regularización de los migrantes (FOTO: Alberto Domínguez)

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de octubre el Real Decreto 903/2021, que reforma la Ley de Extranjería para facilitar que los menores migrantes reciban permisos de residencia y de trabajo en España. Entre estos 15.000 jóvenes se encuentran alrededor de 7.000 migrantes que tienen entre 18 y 23 años y que perdieron su protección legal al llegar a la mayoría de edad. La nueva legislación tratará de subsanar esta situación, evitando que estas personas pasen a ser indocumentadas a partir de los 18 años y se expongan a ser deportados.

Esta norma ha sido impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha impuesto su criterio al del Ministerio del Interior. A partir de su entrada en vigor, los menores migrantes deberán esperar tres meses para solicitar los permisos, frente a los nueve meses actuales y una vez que estos sean concedidos, podrán trabajar a partir de los 16 años. Cuando cumplan 18, mantendrán la protección mostrando el justificante de que anteriormente estaban recibiendo una ayuda social, lo que se aplicará retroactivamente a quienes hayan alcanzado la mayoría de edad en los últimos cinco años.

La reforma elimina también los requisitos económicos que debían cumplir hasta ahora los jóvenes extutelados, a los que se exigía acreditar unos ingresos mensuales de 450 euros para obtener el permiso y de 2.500 para renovarlo. A partir de ahora, bastará con cobrar el Ingreso Mínimo Vital: 490 euros cada mes. La medida crea asimismo un nuevo sistema para que aquellos extranjeros que no hubiesen conseguido un permiso de residencia antes de alcanzar la mayoría de edad puedan trabajar, y permite que los menores extranjeros se beneficien de dicho Ingreso Mínimo Vital.

Otro punto importante del decreto es que permite que los menores migrantes solos trabajen. La Ley de Extranjería lo impedía hasta ahora, pero la nueva redacción hará posible su contratación cuando estos cumplan 16 años. Finalmente, no será necesario renovar los permisos de trabajo y residencia cada año, ya que estos tendrán una duración que oscilará entre los 2 y los 3 años. Desaparecerá además el acta notarial exigida para que los migrantes obtengan un documento identificativo para acceder al mercado de trabajo.

 

La última de una serie de reformas

Durante los últimos meses, varias ONG han ejercido presión sobre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que cumpliese con su promesa de flexibilizar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de los menores migrantes. El Gobierno ya había aprobado recientemente la instrucción SEM 1/2020, que habilitaba a los menores a ser contratados a partir de los 16 años, y el Real Decreto 19/2020, que daba permiso de trabajo y residencia durante dos años a los jóvenes extutelados que trabajaron en el campo durante la pandemia de coronavirus.

Por tanto, su reacción tras la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado fue de satisfacción. 29 ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Cáritas, realizaron un comunicado en el que calificaron la decisión del Gobierno como un paso histórico para la integración de los niños que llegan a España solos. Por su parte, Jennifer Zuppiroli, portavoz de Save the Children, destacó que se trataba de un importante cambio de postura, y añadió: “Se han reducido los obstáculos que existían tanto para los menores de edad como para los mayores de edad para poder acceder al permiso de residencia, pero también mantenerlo y renovarlo”.

Pese a todo, algunas de estas entidades advirtieron de la posibilidad de que la medida se derogue tras un eventual cambio de Gobierno, y han pedido a las instituciones que garanticen su aplicación en todos los territorios, especialmente en aquellos a los que llegan más migrantes. En el plano político, los socios del Gobierno aplaudieron la decisión, mientras que el PP y Vox la criticaron, afirmando que debía priorizarse el reagrupamiento familiar y asegurando que provocaría un efecto llamada.

Según los datos del Defensor del Pueblo y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, hay un total de 9.030 menores extranjeros no acompañados en España. De ellos, solamente un 10% trabaja, lo que se debe principalmente a las trabas burocráticas existentes. Con esta reforma de la Ley de Extranjería, el Ejecutivo pretende dar un empujón a la integración de estas personas en la sociedad española y protegerlas frente a la discriminación y la deportación.