Un grupo de soldados polacos vigila la frontera con Bielorrusia

Un grupo de soldados polacos vigila la frontera con Bielorrusia (FOTO: El Correo)

La crisis en la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia se ha convertido en un conflicto geopolítico y humanitario de primer nivel. Desde el pasado 8 de noviembre, se ha registrado un aumento en las llegadas de migrantes al paso fronterizo de Kuznica, junto a Polonia, con la esperanza de cruzar al continente. Se estima que actualmente hay allí miles de personas, a las que en muchos casos se ha impedido la entrada a Polonia, por lo que tienen que seguir esperando a que se resuelva su situación, afrontando además el frío extremo y las carencias de medicamentos y suministros.

Más allá de las oleadas actuales, hay entre 3.000 y 4.000 migrantes y refugiados en la frontera bielorrusa con Europa, muchos de los cuales proceden de Oriente Medio y de Afganistán, y que se encuentran en tierra de nadie entre Bielorrusia y Polonia después de que se haya rechazado su acceso al continente. Las condiciones en las que se encuentran han sido denunciadas por organismos oficiales y ONG, que han informado también de que se está impidiendo el acceso a la zona de trabajadores humanitarios, abogados y periodistas, lo que aumenta el secretismo sobre la situación real en la zona.

La crisis es aún más complicada ante la actitud de Polonia, uno de los principales actores en esta situación. El país, gobernado desde 2015 por el partido ultraderechista Ley y Justicia, lleva un tiempo promoviendo políticas restrictivas contra los migrantes. Desde que aumentó la presión fronteriza, el presidente, Andzrej Duda, ha multiplicado los discursos identitarios, llamando a defender la nación. Por su parte, el Gobierno dirigido por Mateusz Morawiecki se ha negado a acoger a los demandantes de asilo, y ha llegado a realizar rechazos en frontera, una práctica prohibida por el derecho internacional. La urgencia humanitaria coincide además con un momento de tensión máxima entre Polonia y la UE tras las últimas decisiones de Varsovia.

Después de haber intentado de manera infructuosa llegar a un acuerdo con Bielorrusia, la Unión Europea aprobó el pasado 15 de noviembre nuevas sanciones. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció las medidas, que incluirán la congelación de activos de personas, aerolíneas, agencias de viaje y todos aquellos que estén implicados en el transporte de migrantes hasta la frontera con Polonia. El político español acusó también al régimen del presidente Alexander Lukashenko de lanzar un ataque híbrido contra Europa, y llamó a que rectificase sus políticas.

 

Un origen político

La crisis migratoria empezó en julio de 2021, cuando el citado presidente Lukashenko respondió a las sanciones aplicadas por la Unión Europea anunciando que el país iba a empezar a permitir que los migrantes indocumentados y demandantes de asilo llegasen al continente. A partir de ahí, los Estados miembros que comparten frontera con Bielorrusia, como Letonia, Lituania y Polonia, empezaron a registrar importantes aumentos en el número de solicitantes de protección internacional. Estos países exigieron a la UE una reacción rápida, ya que entendían que se estaba produciendo tráfico de personas y que se trataba de algo organizado directamente por Minsk.

Las sanciones contra Lukashenko se habían promovido después de que este político, uno de los más fervientes aliados del presidente ruso Vladimir Putin, se proclamase ganador de unas elecciones sobre las que planeó la sombra del fraude y que perdió según algunos observadores. Además, en los meses siguientes, el Gobierno bielorruso llevó a cabo una serie de acciones de represión contra opositores, como la deportación a Lituania de Sviatlana Tsikhanouskaya, la rival del presidente en los comicios, o la intercepción de un vuelo de Ryanair para detener a un periodista contrario a Lukashenko. Todo esto provocó una considerable acumulación de represalias.

La gravedad de la actual crisis demuestra la necesidad de que los Estados miembros de la UE aceleren las negociaciones de un nuevo pacto migratorio que garantice la protección de los demandantes de asilo que se encuentran en la frontera con Bielorrusia y proteja a las instituciones comunitarias contra ofensivas de este tipo, que van más allá de la emergencia humanitaria y que podrían reproducirse en el futuro. En cuanto a Lukashenko, no es descartable que, tras las nuevas sanciones, promueva medidas tales como la interrupción del suministro de gas ruso hacia Europa, algo que tendría un gran impacto, o la organización de una nueva oleada de demandantes de asilo, a los que el régimen de Minsk está usando como un arma política.