Un grupo de migrantes a su llegada a Canarias

Un grupo de migrantes a su llegada a Canarias (FOTO: COPE)

Canarias es, desde el año pasado, uno de los puntos calientes de la política migratoria europea. En un contexto de fuertes bajadas en la llegada de personas irregulares al continente, estas islas registraron un aumento del 756,8% en las entradas respecto del año anterior. Para gestionar esta emergencia humanitaria, el Gobierno puso en marcha el Plan Canarias, que preveía la reubicación temporal de 7.000 personas en campamentos. Sin embargo, varias organizaciones han criticado el programa, y han denunciado que genera vulneraciones de derechos. La última en hacerlo ha sido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que presentó la pasada semana su informe Migraciones en Canarias, la emergencia previsible.

Según este documento, Canarias se ha convertido en un nuevo laboratorio de las políticas de contención migratoria que ya se pusieron en marcha anteriormente en las islas griegas. Cuando se produjo la llegada masiva de embarcaciones a las islas Canarias, el sistema de acogida tenía numerosas deficiencias, y ello llevó a una crisis humanitaria en la que se han sucedido prácticas como las detenciones y la privación de libertad sin amparo jurídico o la falta de asistencia letrada a los demandantes de asilo. “Se han normalizado un trato inhumano a las personas migrantes”, denuncia CEAR.

Dicho informe pone el acento en que la actual crisis podría haberse previsto, ya que, en febrero de 2019, Frontex publicó un documento en el que advertía de un aumento en las entradas a Canarias desde África Occidental. Cuando, en el último trimestre de 2019, aproximadamente 2.000 personas llegaron a las islas, las ONG advirtieron de que ello era solamente la antesala de lo que podía ocurrir al año siguiente. Pese a los avisos, no se puso en marcha una respuesta institucional adecuada ni se organizaron estructuras para hacer frente al aumento en los flujos.

CEAR se hace también eco en el documento de las diferencias que se han hecho públicas en las cifras de muertos que trataban de llegar a Canarias. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 609 personas fallecieron en 2020 en el viaje hacia las islas; por su parte, el informe Frontera Sur, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), eleva esta cifra hasta los 1.239. En definitiva, el número más elevado es el proporcionado por la organización Caminando Fronteras, que habla de 1.851.

 

La tensión en los campamentos sube

El documento presentado por CEAR ha llegado en la misma semana en la que se ha conocido el empeoramiento de la vida en el campamento de Las Raíces, situado en La Laguna, en el que actualmente viven 1.464 personas. El pasado martes, hubo un altercado entre un grupo de marroquíes y otro de senegaleses que se saldó con tres heridos graves, siete leves y ocho detenidos. Ante esta situación, la ONG que gestiona el centro, Accem, ha decidido aplicar un reglamento más duro, y expulsará de sus instalaciones a los migrantes envueltos en actos de violencia o contra la convivencia.

La expulsión de un migrante de un centro de acogida es potestad de la organización que gestiona cada recinto. Inicialmente, se optó por soluciones más laxas, sin embargo, la sucesión de choques en estas instalaciones ha motivado un cambio de opinión entre las ONG. Así, en febrero, la Cruz Roja expulsó a un grupo de 64 migrantes del centro Canarias 50, en Las Palmas, después de que estos mostraran una actitud agresiva y profirieran amenazas a otros residentes.

El ya citado Plan Canarias, en vigor desde noviembre de 2020, preveía que se activasen las instalaciones de acogida a los migrantes en las tres islas donde se registran más llegadas: Gran Canaria, con un 65% del total, Tenerife, con un 20%, y Fuerteventura, con un 10%. Sin embargo, casi desde su puesta en marcha, un buen número de organizaciones ha denunciado que el programa no tiene como objetivo la inclusión, sino la retención de personas en grandes campamentos o naves que no están preparados para acogerles. Según la directora de CEAR, Estrella Galán, lo que ocurre en todos estos campos muestra que las Canarias se han convertido en “islas cárceles”.

Como se ha dicho anteriormente, la crisis humanitaria en Canarias podría haberse previsto. Pese a esto, y dada la actual situación, es importante que la gestión de estos flujos migratorios sea lo mejor posible, con medidas que garanticen una resolución rápida e individualizada de las demandas de asilo y unas condiciones de vida adecuadas para estas personas. Los derechos de los migrantes deben ser respetados, y hay que prestar especial atención a las personas con perfiles vulnerables.

Existe un consenso generalizado al respecto de que la actual urgencia migratoria en las islas no es temporal, sino que se convertirá probablemente en un fenómeno estructural y permanente. Por ello, los expertos advierten constantemente contra la improvisación en la toma de medidas, e insisten en que la situación debe tomarse en serio si se quiere llegar a una solución aceptable para todas las partes.