Un centro de refugiados en Chipre

Un centro de refugiados en Chipre (FOTO: Cyprus Mail)

Chipre se encuentra envuelto en una grave situación migratoria que amenaza con provocar el colapso de su sistema de asilo. El Gobierno del país denunció el pasado lunes 22 que Turquía estaba indirectamente involucrada en la creación de una nueva ruta que está desbordando los servicios públicos chipriotas, y pidió ayuda a la Unión Europea, asegurando que esta carga migratoria es desproporcionada e insostenible. Desde hace cuatro años, Chipre es el Estado europeo en el que el porcentaje de solicitudes de asilo registrado es mayor respecto a su población, que es de alrededor 1,2 millones de personas.

En una rueda de prensa, Nikos Christoudolides, ministro de Asuntos Exteriores chipriota, y Nicos Nouris, su homólogo de Interior, acusaron a Turquía de no aplicar todos los acuerdos migratorios vigentes y de no detener a los traficantes de personas. “La posición de Turquía ha llevado a la creación, en lugar de a la prevención, de una nueva ruta migratoria en el este del Mediterráneo que supone una carga migratoria desproporcionada sobre Chipre y coloca una enorme tensión sobre el sistema nacional de asilo”, afirmaron ambos en un comunicado.

La de Chipre y Turquía es una vieja tensión. 14 años después de la independencia chipriota del Reino Unido, Turquía invadió la isla y pasó a controlar su zona norte, que, en 1983, se convirtió en una entidad propia, la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara. Aunque el resto de los Estados considera de iure que el Gobierno chipriota controla todo el territorio del país, de facto no es así. La jurisdicción de la Unión Europea no se aplica en la zona bajo control turco, y muchos migrantes aprovechan este limbo legal para entrar por la parte norte de la isla.

Chipre es un país que, por su posición geográfica, siempre ha recibido muchos migrantes, aunque las llegadas se han multiplicado en los últimos años. En 2019, se batió un récord, con 17.000 peticiones de asilo, y un año después, en plena pandemia de coronavirus, que provocó un descenso en el número de llegadas, Chipre recibió 7.000 solicitudes de protección internacional, en su mayoría procedentes de Siria. Según datos facilitados por el Gobierno, los demandantes de asilo representan aproximadamente el 4% de la población del país, un número cuatro veces mayor que el de la media europea.

 

Campaña de SMS y acuerdos de externalización

Como respuesta a crisis, el Ejecutivo chipriota ha puesto en marcha diferentes iniciativas para desincentivar la llegada de migrantes al país. La primera es una campaña de SMS cuyo objetivo es, según declaró el ministro del Interior, “desmentir la creencia incorrecta de que Chipre es una puerta de entrada”. Los traficantes de personas aseguran a los migrantes que, una vez en Chipre, es fácil moverse libremente por la Unión Europea, pero no es así, ya que el país no es miembro de la zona Schengen. Por tanto, el Gobierno envía un mensaje de móvil a las personas que entran irregularmente advirtiéndoles de cuál es la situación real en el país.

Además, Chipre y Líbano firmaron en octubre de 2020 un acuerdo para interceptar los barcos de migrantes que intenten llegar al primer país. Este pacto fue inmediatamente criticado por varias organizaciones de derechos humanos, que denunciaron también el trato de las autoridades chipriotas a los migrantes. Human Rights Watch ya había acusado el mes anterior al Gobierno de expulsar ilegalmente a 200 personas, contraviniendo así el principio de non refoulement recogido en la Convención de Ginebra.

El riesgo de colapso del sistema de asilo chipriota es real. Por tanto, esta es una oportunidad para que la Unión Europea ponga en marcha medidas que ayuden a este país a resolver la situación en el corto plazo y a evitar que se repita en el futuro. La reunión prevista para el próximo 15 de marzo entre los ministros del Interior de la Unión Europea puede ser determinante para ello. Otro asunto en el que solamente las autoridades comunitarias tienen competencia es una hipotética revisión del pacto firmado entre la UE y Turquía en 2016, una vez se ha evidenciado que este país no está cumpliendo con su compromiso de frenar la entrada de migrantes al continente europeo.

Por su parte, Chipre debe comprometerse aún más con el respeto de los derechos de los migrantes. Según varios informes, algunos demandantes de asilo llegan a esperar hasta tres años a que se resuelvan sus solicitudes. El estado del campo de refugiados de Pournara, cuyo aforo máximo es de 1.000 personas, pero en el que actualmente residen 1.500, es un ejemplo más de que la situación debe mejorar mucho. La futura aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo puede ser también de una gran ayuda para Chipre y sus servicios públicos.

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