Cédric Herrou, en su granja de Breil-sur-Roya

El activista promigrantes Cédric Herrou, en su granja de Breil-sur-Roya (FOTO: Rebecca Marshall/Laif-REA)

El pasado miércoles 31 de marzo, el Tribunal Supremo francés rechazó un recurso contra el agricultor Cédric Herrou, quien fue liberado el año pasado de una condena por ayudar durante más de un lustro a varios migrantes indocumentados a cruzar la frontera con Italia. Este dictamen supone una importante victoria para él, y llega después de una larga batalla en la que se ha enfrentado a varias acusaciones por haber colaborado en la entrada e instalación de estas personas en el país y en la que llegó a intervenir el Consejo Constitucional, máximo órgano consultivo en Francia. “La solidaridad ya no será un delito”, escribió en redes sociales Herrou tras conocer la decisión.

Herrou, de 41 años, trabaja en el cultivo de la aceituna en la localidad de Breil-sur-Roya, junto a la frontera francesa con Italia. A partir de 2015 comenzó a cruzar al país vecino para socorrer a los migrantes que deseasen entrar en Francia, la mayoría de ellos de nacionalidad eritrea y sudanesa. El activista les ayudaba a instalarse en un campamento de acogida acondicionado por él en una colonia de vacaciones abandonada. Como consecuencia de ello, Herrou fue detenido hasta en tres ocasiones entre 2016 y 2017 por haber vulnerado la legislación migratoria francesa.

Tras ser condenado a cuatro meses de cárcel en 2017, el agricultor presentó un recurso ante el Consejo Constitucional, denunciando que era víctima de un “delito de solidaridad”, que no existe jurídicamente, pero que podría aplicarse a quienes transportan o albergan a extranjeros en situación irregular. Contra todo pronóstico, dicho órgano falló a favor de Herrou, afirmando que la ayuda a estas personas no era delito y consagrando el principio de fraternidad con los inmigrantes. “De este principio se desprende la libertad de ayudar al prójimo, con un objetivo humanitario, sin consideración de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”, aseguraba el Consejo.

La inesperada decisión del Consejo Constitucional motivó que se cambiase la legislación migratoria francesa, eliminándose las sanciones de entre 30.000 euros y cinco años de cárcel a quienes ayudasen a los inmigrantes durante su estancia en el país o facilitasen su circulación, aunque se insistió en que los motivos para ello debían ser exclusivamente humanitarios y sin ninguna contrapartida. Asimismo, las denuncias sobre la situación judicial de Herrou aumentaron; por ejemplo, en julio de 2017, varias personas, entre ellas Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, llamaron a la retirada de los cargos contra él.

Cuando empezó su tarea, definida por algunos medios como “el ferrocarril subterráneo francés”, en referencia a la red clandestina de ayuda a los esclavos en el siglo XIX, Herrou era desconocido, pero con el paso de los años, y a medida que su caso era publicado por los medios, se ha convertido en una figura famosa. Esto llevó al realizador francés Michel Toesca a grabar un documental sobre su caso, “Libre”, que se entrenó en el festival de Cannes de 2018, y cuyo objetivo era hacer presión sobre los tribunales, para que el activista fuese absuelto. Esto se consiguió finalmente en mayo de 2020, cuando el Tribunal de Apelación de Lyon suspendió la condena contra Herrou, sentencia que fue recurrida por la Fiscalía. Al fin, casi un año después, el Supremo ha dado por fin la razón al agricultor.

 

La nueva vida del portero de la selección griega

Antonis Nikopolidis era uno de los futbolistas más populares de Grecia, y fue el portero de la selección helena que conquistó contra todo pronóstico la Eurocopa de 2004. Sin embargo, a finales de 2016, fue noticia por motivos extradeportivos, cuando se conoció que era el entrenador de un equipo llamado Hope Refugees FC. El combinado estaba formado por migrantes sirios, yemeníes, iraquíes y afganos que habían entrado en el país de manera irregular y que estaban esperando a la resolución de sus solicitudes de asilo.

Estos migrantes vivían en Skaramangas, una localidad industrial al oeste de Atenas, donde entrenaban y jugaban partidos amistosos los domingos. Preguntado al respecto, Nikopolidis declaró: “Es una alegría para mí hacer esto. Lo más importante es que lo disfruten, que se lo pasen bien. Hemos creado un grupo de amigos, con lazos de amistad, una familia”. El equipo tuvo un importante apoyo económico por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que dio dinero a 15 países europeos en los que el número de personas en situación irregular había subido tras la crisis de 2015 y 2016.

Los ejemplos de Herrou y Nikopolidis evidencian que son cada vez más los ciudadanos anónimos que deciden ayudar de una u otra manera a los migrantes irregulares a cruzar las fronteras de su país, a moverse libremente por él o a tener condiciones de vida dignas mientras esperan que se resuelvan los casos. Muchas de estas personas se arriesgan a importantes condenas, pero esto no les ha disuadido de seguir ofreciéndoles su asistencia incondicional.

El dictamen del Consejo Constitucional francés demuestra que se podría flexibilizar la ley para ayudar a los migrantes. No se trata, por supuesto, de legalizar todas las entradas irregulares, sino de ofrecer un margen mayor y asimismo servir de ejemplo que podría ser aplicado por otros países. Ello generaría importantes efectos en la vida diaria de los solicitantes de asilo, y podría incentivar también que más personas decidan implicarse en su ayuda sin el temor de sufrir consecuencias legales.