Un grupo de migrantes intenta entrar en Polonia

Un grupo de migrantes intenta entrar en Polonia (FOTO: Jakub Orzechowski - Agencja Gazeta)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el pasado 9 de julio a Polonia por haber devuelto a tres migrantes sirios a Bielorrusia, el lugar del que habían llegado. La sentencia, que resuelve un caso abierto desde 2017 y que obliga al país báltico a pagar una multa de 10.000 euros a cada uno de los denunciantes, acusa a este Estado de aplicar una política negligente en lo relativo a las solicitudes de asilo y de favorecer prácticas como las devoluciones en caliente. El fallo constata que, como ocurre en el resto de los países del Grupo de Visegrado, los migrantes no son del todo bienvenidos en Polonia.

El TEDH, con sede en Estrasburgo, ha dictaminado que dicho país actuó ilegalmente cuando devolvió a Bielorrusia a los tres sirios, ya que se les expuso a un posible regreso a Siria. En la decisión judicial se afirma que el Gobierno de Varsovia tendría que haber tenido en cuenta el riesgo que esa actuación podía significar para los migrantes, y niega la versión ofrecida por Polonia, según la cual los sirios no pidieron protección y afirmaron que querían entrar en la Unión Europea “por razones familiares”. Por el contrario, se da total credibilidad al testimonio de los afectados, que explicaron que habían dejado su país para evitar su ingreso en el Ejército.

“Los migrantes denunciaron que las autoridades polacas les negaron en repetidas ocasiones la posibilidad de registrar una solicitud de asilo, que su situación no fue evaluada individualmente y que fueron víctimas de una política general seguida por las autoridades con el objetivo de reducir el número de solicitantes de asilo en el país”, puede leerse en la sentencia, en la que el Tribunal recordó también que hay numerosos precedentes que muestran que Polonia lleva varios años aplicando una política contraria a los demandantes de asilo y a la correcta atención de sus solicitudes.

Este caso particular llega en un contexto en el que se están multiplicando las denuncias por la gestión migratoria del Ejecutivo ultraconservador que gobierna el país desde hace un lustro. En un informe publicado en 2017, el Comité Húngaro de Helsinki, una ONG que ayuda a los demandantes de asilo, señaló que la frontera entre Polonia y Bielorrusia es un punto en el que se producen numerosas devoluciones en caliente y rechazos en frontera, y reveló que solamente dos o tres familias pueden registrar una solicitud de asilo cada día, aplicándose para ello criterios que están poco claros.

Estas quejas provocaron que el Defensor del Pueblo polaco visitase en julio de 2016, en plena crisis migratoria europea, el punto fronterizo de Terespol, al que llegan numerosas personas procedentes de Chechenia. El ombudsman constató que la guardia fronteriza no permitió en ningún momento que los migrantes registrasen ninguna solicitud de asilo, pese a haber expresado claramente su voluntad de hacerlo. “Hay un claro intento de demostrar que las razones por las que los extranjeros entran en Polonia son principalmente económicas, y que no tienen nada que ver con la persecución”, afirmó el Comité Húngaro de Helsinki.

 

Una ley antiterrorista contra los migrantes

En 2016, poco después de esa visita, el Gobierno polaco aprobó una polémica legislación de lucha contra el terrorismo que permitía a las autoridades expulsar de inmediato a cualquier extranjero sospechoso de terrorismo o espionaje. Varias ONG reaccionaron con críticas a esta decisión, y denunciaron que no son necesarias pruebas de esta implicación, lo cual podría provocar expulsiones que no estén justificadas, recordando además que, hasta la fecha, no se ha producido ningún atentado islamista en Polonia, lo que cuestiona la pertinencia del texto aplicado. Pese a ello, las autoridades del país se han beneficiado de que los cargos por terrorismo y espionaje son secretos, aplicando esta ley de manera indiscriminada para expulsar a migrantes en situación irregular, especialmente aquellos que proceden de países de mayoría musulmana.

Esta aplicación arbitraria de la legislación antiterrorista ha provocado algunos ejemplos de encarcelamientos injustos, como el caso de Alvi Y., un checheno que fue acusado de apoyar a ISIS, y que permaneció en prisión durante dos años después de ser condenado en un proceso en el que la prueba de cargo fue una traducción incorrecta que no fue comprobada. En 2018, el apoyo de varias ONG permitió que se revisase su caso y que fuese excarcelado.

La política contraria a la recepción de migrantes se ha acentuado desde que, en 2015, el partido de ultraderecha Ley y Justicia ganó las elecciones presidenciales y parlamentarias y volvió al poder tras cinco años. La figura principal de esta formación es Jaroslaw Kaczynski, primer ministro de 2006 a 2007, quien, en 2015, declaró que los migrantes traen a Europa “todo tipo de parásitos y protozoos”. Pese a todo esto, el Ejecutivo lleva cinco años promoviendo programas de retorno de los nacionales del país que lo abandonaron en algún momento. “Daría la bienvenida a todos los polacos que se marcharon. Sería muy importante para el país”, declaró en 2016 Mateusz Morawiecki, entonces ministro de Desarrollo y hoy jefe del Gobierno.

La sentencia del TEDH es un golpe a la estrategia migratoria de Polonia, ya que considera probadas las denuncias realizadas por los migrantes y las organizaciones de derechos humanos. Este país del bloque de Visegrado, que se ha opuesto junto a sus vecinas a las sucesivas reformas migratorias europeas y al reparto de solicitantes de asilo, lleva a cabo de manera habitual prácticas como las devoluciones en caliente o la evaluación incompleta de las demandas de protección internacional.

Según datos del Comité Húngaro de Helsinki, más de 100.000 migrantes fueron rechazados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia durante la crisis humanitaria de 2015 y 2016. Asimismo, no se aplican preceptos básicos de la legislación migratoria internacional, como el estudio individualizado de cada solicitud de asilo o el principio de non refoulement. Sin embargo, la sanción impuesta, que apenas llega a los 30.000 euros, no resulta disuasoria, por lo que puede pronosticarse que no servirá para cambiar radicalmente la política migratoria polaca.

Un comentario en «Golpe judicial a la política migratoria de Polonia»

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