Varios migrantes subidos a la valla fronteriza de Melilla

Varios migrantes subidos a la valla fronteriza de Melilla (FOTO: Antonio Ruiz)

La reciente crisis humanitaria en Ceuta ha vuelto a poner el foco sobre uno de los conceptos migratorios más controvertidos: las devoluciones en caliente. El pasado 21 de mayo, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, informó de que 6.500 de las 8.000 personas que habían llegado a la ciudad autónoma desde Marruecos habían sido expulsadas sin iniciar los trámites de asilo. Sin embargo, rechazó hablar de devoluciones en caliente, y afirmó que se trataba de rechazos en frontera. Algunas ONG, como Amnistía Internacional o Save the Children, criticaron estas palabras, denunciando que no existen diferencias entre ambos términos e insistiendo en su presunta ilegalidad, pese a que dos sentencias dictadas en 2020 avalaron estas prácticas.

Las devoluciones en caliente suponen, según la definición de Amnistía Internacional, la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que estas tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial. Estas personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar su expulsión, que suele ser colectiva e inmediata y que se produce habitualmente en la frontera del Estado de llegada, pero que también puede ocurrir en alta mar.

Estas prácticas están estrictamente prohibidas por el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no se pueden realizar en ningún caso expulsiones colectivas de extranjeros de un país. Además, la Convención de Ginebra de 1951 recoge el principio de non refoulement, por el que no se puede devolver a un migrante a un país donde pueda sufrir daños por su religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y la mayoría de las legislaciones domésticas sobre extranjería recogen que es obligatorio iniciar un procedimiento de asilo cuando un migrante lo solicite. Pese a todo esto, numerosos Estados han llevado a cabo estas expulsiones en las últimas décadas.

Uno de estos es España, que se apoyaba para ello en la Ley de Extranjería. Sin embargo, estas actuaciones fueron censuradas en 2014 por un juez de Melilla, que imputó a un guardia civil español por haber expulsado a un grupo de migrantes que ya había cruzado la frontera con Marruecos y a los que no se permitió registrar una petición de protección internacional. Hasta entonces, el criterio aplicado era que el territorio nacional empezaba solamente cuando se traspasaba la última valla con Ceuta y Melilla, pero el auto afirmaba que el terreno entre vallas es suelo español sujeto a la soberanía del país. El Gobierno del PP reaccionó a esta decisión prometiendo medidas para potenciar la cooperación migratoria con Marruecos.

Esto se plasmó en 2015 con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que reforzaba el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que aumentaba las multas por los desórdenes ciudadanos o las concentraciones frente a edificios públicos. La medida incluyó una disposición adicional que permitía que la Policía y la Guardia Civil expulsasen a los migrantes que llegasen a España de manera irregular sin que estos tramitasen una solicitud de asilo. El campo de aplicación de esta legislación era sobre todo la valla entre Ceuta y Melilla y Marruecos, uno de los puntos calientes de los movimientos humanos en el país.

La aprobación de esta disposición generó muchas opiniones contrarias. El entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió derogar la ley en su totalidad cuando llegase al Gobierno y criticó especialmente lo relativo a las expulsiones colectivas. Por su parte, 16 catedráticos y profesores de Derecho firmaron un texto en el que acusaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy de utilizar un subterfugio para introducir las devoluciones en caliente en la legislación española, refiriéndose a ellas como rechazos en frontera. “La entrega a las autoridades marroquís de ciudadanos extranjeros sigue siendo radicalmente ilegal con la nueva regulación, que exige expresamente que se respete la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte”, afirmaron los autores.

A día de hoy, la ley mordaza sigue vigente, y también lo están las devoluciones en caliente. Esto se debe en gran parte a dos decisiones publicadas en 2020 que dieron un espaldarazo a esta política. La primera, dictada en febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ratificó por unanimidad los rechazos en frontera y determinó que España no había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la expulsión masiva de migrantes sin permitirles iniciar los trámites para obtener el asilo.

Unos meses después, en noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional avaló la Ley de Seguridad Ciudadana incluidas las expulsiones en caliente, aunque excluyó de las devoluciones a las personas pertenecientes a colectivos vulnerables, como ancianos o embarazadas. “El rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”, establece el fallo del Alto Tribunal.

Por su parte, el Gobierno no ha cumplido hasta ahora con su promesa de derogar ni modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Tras la sentencia del TEDH, el ministro del Interior rehusó aclarar si se mantendrían las devoluciones en caliente, y se limitó a declarar: “La violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”. Pese a esto, algunos sectores de Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, y varias ONG siguen insistiendo en la necesidad de elaborar una nueva legislación que respete los derechos de los migrantes y los textos internacionales, y acabe con los rechazos en frontera.

2 comentarios en «Las devoluciones en caliente, un polémico fenómeno»

Los comentarios están cerrados.