Un grupo de migrantes en la frontera entre Guatemala y México

Un grupo de migrantes, junto a la frontera entre Guatemala y México (FOTO: Johan Ordonez/AFP)

El concepto de tercer país seguro, aplicado de forma habitual para la recepción de migrantes, es uno de los más desconocidos de la legislación internacional. Designa a un Estado en el que existen garantías suficientes de respeto a los derechos humanos y al principio de no devolución, en el que la persona solicitante de asilo haya estado previamente, y que haya ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo. Se aplica cuando un país se niega a conceder asilo a una persona que haya llegado a él y decide remitirla a un tercer Estado que sea considerado seguro.

Por tanto, en este contexto, el primer país sería el de origen del migrante, el segundo, al que este llega o en el que registra la solicitud de asilo, pero que decide no acogerle, y el tercero, al que se le envía. La condición de tercer país seguro no está marcada únicamente por la intención de serlo, sino que hay que cumplir una serie de responsabilidades y deberes con los asilados. Para que un Estado sea considerado como tal, debe asegurar a los demandantes de protección internacional el acceso a los servicios sociales, médicos, educativos y laborales, así como un estándar adecuado de vida a largo plazo.

No existe una legislación de referencia para este concepto, aunque, como ya se ha dicho, la ratificación de la Convención de Ginebra es una condición mínima para que un país sea considerado seguro para recibir migrantes. Estos Estados deben cumplir las condiciones previstas por este texto, tales como la prohibición de la discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión político o la aplicación del principio de no devolución de los migrantes a un país donde exista peligro para su integridad física.

Por su parte, la Comisión Europea aprobó en 2013 la Directiva 2013/32/UE de Procedimiento Común para la concesión y retirada de la protección internacional. Este texto determinaba que “un país es considerado seguro cuando, en base a la situación legal actual, la aplicación de la ley de un sistema democrático y las circunstancias políticas generales, puede demostrarse general y consistentemente que no existe persecución, tortura, tratos degradantes o inhumanos, castigos o amenazas por razón de violencia indiscriminada en situaciones de un conflicto armado nacional o internacional”.

El término de tercer país seguro se ha utilizado en numerosos casos en la política migratoria internacional, pero deben destacarse dos ejemplos recientes. El primero se produjo en 2016, cuando la Unión Europea y Turquía alcanzaron un acuerdo migratorio que consideraba a este país como tercer Estado seguro, paso previo a que se trasladasen a él a los migrantes sirios que entraban a Europa por la frontera griega. Inmediatamente después de la firma, varias organizaciones humanitarias criticaron esta distinción, y denunciaron que se estaban produciendo importantes vulneraciones de derechos en Turquía, lo que le descartaría como lugar seguro.

Existen además considerables dudas sobre el caso de Turquía, porque, a pesar de haber ratificado la Convención de Ginebra, no aplica el Protocolo de Nueva York, lo que no les permitiría evaluar demandas de asilo de solicitantes no europeos. Estas dudas han sido compartidas por los tribunales de Grecia, de donde procede la mayoría de los migrantes enviados a Turquía, que, en los cinco años de vigencia del pacto, solamente ha permitido 2.000 devoluciones de migrantes hacia el país vecino.

Un segundo ejemplo se produjo en junio de 2019, Estados Unidos firmó con Guatemala, El Salvador y Honduras los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), mediante los cuales estos tres países hispanoamericanos eran considerados terceros Estados seguros y podían recibir a los migrantes irregulares que llegasen a EE. UU. Sin embargo, solamente Guatemala aplicó el acuerdo, recibiendo aproximadamente 700 migrantes en año y medio de aplicación. Los pactos fueron derogados por orden del presidente Joe Biden, en una de las primeras medidas de su plan migratorio. “Es preciso buscar formas más adecuadas de trabajar con los países y de gestionar la migración en toda su amplitud”, declaró el secretario de Estado americano, Antony Blinken.

En 2016, tres ONG internacionales, EuroMed Rights, la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), publicaron un documento en el que acusaban a la UE de incumplir y externalizar sus obligaciones migratorias con la aplicación del concepto de tercer país seguro y  lo cuestionaban, afirmando que ningún Estado podía garantizar la integridad física de cada uno de sus ciudadanos.

Así las cosas, este término es muy difuso porque, como se ha explicado, no está claramente regulado en la legislación europea e internacional, y su aplicación está sujeta a la interpretación de las instituciones. Por ello, los expertos coinciden en señalar que este estatus ofrece únicamente una solución temporal y a corto plazo a los problemas migratorios, y que es necesario un nuevo marco normativo con criterios concretos para su puesta en marcha.